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Hace unos años ninguno nos hubiéramos imaginado los problemas que pueden llegar a acarrear a una empresa la gestión de las notificaciones que se producen entre la Administración Pública y las empresas. Pensamos que a raíz de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en la que se volvería obligatoria la comunicación entre ambas todo sería más sencillo, ágil y rápido. Y así debería ser. Pero no fue.