¿Qué ocurre en el sector cultural? ¿Por qué cada vez se cobra menos por el mismo trabajo?
Son los daños “colaterales” de una competencia cada vez más agresiva por conseguir una licitación en el sector público. Desde hace ya mucho tiempo el criterio primordial para adjudicar una licitación es el económico. Pero esto no siempre fue así. En las próximas líneas intentaremos explicar cómo hemos llegado hasta aquí.
El modelo de negocio y el estructural de las empresas han cambiado radicalmente en los últimos treinta años. Se ha pasado de un modelo en el que las empresas tenían un poder de dirección claro en todas las etapas de fabricación y en todos los departamentos de la entidad, con relaciones directas con sus trabajadores, donde lo normal era ofrecer contratos de trabajo por tiempo indefinido y a tiempo completo, a un modelo mucho más estratégico y flexible donde se fragmentan servicios no esenciales para el core business, externalizando dichos servicios a favor de otras empresas especializadas, otorgando así una ventaja competitiva a las compañías más flexibles y con mayor capacidad de “abandonar” determinadas áreas de negocio por servicios de subcontratas. Lo bueno de este modelo es que consigue flexibilizar el volumen de empleo necesario según las necesidades y variaciones en la carga de trabajo reduciendo los costes fijos en salarios.
Esta tendencia ha sido imitada por las Administraciones Públicas. En los años 80', cuando se da luz verde al Acuerdo Económico y Social de 1984 para intentar reducir un paro de, por aquel entonces, más del 20% se legalizó el uso de contratos temporales para la realización de cualquier tipo de trabajo, también aquellos que requerían un puesto permanente. Y así el trabajo temporal se fue extendiendo poco a poco. En los 90’ ya afectaba a más de un 30% de los trabajos y siguió creciendo. En la actualidad, el 90% de los nuevos puestos de trabajo son temporales.
Sembrada la semilla de la temporalidad y la posibilidad de externalizar servicios debemos centrarnos en otro aspecto, los recursos económicos disponibles. En esta época de precariedad los recortes presupuestarios son mayores, las Administraciones disponen de menos dinero y dan lugar a situaciones, hasta hace pocos años desconocidas, en las que prima el criterio económico en la adjudicación de los concursos hasta quedar prácticamente eliminado cualquier otro criterio. La fuerte crisis económica congeló y recortó buena parte de los presupuestos de los que antes gozaban Administraciones e Instituciones. Por eso vemos cómo la oferta de empleo público se ha reducido ostensiblemente y cómo las plantillas de trabajadores funcionarios se han ido mermando año tras año. Sin embargo los servicios que un ente público debe prestar se mantienen, e incluso, aumentan con el tiempo.
Para afrontar esta situación, las Administraciones han recurrido a la externalización de servicios a través de licitaciones en las que participa el sector privado. Antes de 2010 las Administraciones tenían condiciones más rígidas de contratación de personal externo que desaparecieron con la Ley 35/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Cuando en 2012 el Gobierno promulgó el Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, el control del gasto en materia de personal provocó una importante caída de empleo público en el sector cultural. Como la tendencia de austeridad dictaba, las Administraciones no contrataban a personal pero había ciertos servicios que estaban obligados a prestar y, por tanto, recurrían a personal de empresas del ámbito privado. Las leyes de contratos del sector público disponen de tipologías de contratación "ad hoc" que permiten primar ciertos criterios por encima de otros, por ejemplo los económicos sobre los técnicos o que se den procedimientos negociados sin publicidad, donde el único criterio de negociación es la oferta económica.
¿Qué ocurre exactamente?
- En muchas adjudicaciones se parte de una rebaja importante de inicio. La merma económica en los presupuestos propicia este tipo de “salidas a la baja”.
- Las empresas que optan a las adjudicaciones, si quieren tener posibilidades de conseguirla, deben rebajar aún más el precio de la oferta inicial, por lo general entre un 15 y un 30% (a veces más).
- Cuando la Administración saca a concurso determinadas tareas, las empresas contratan a trabajadores para realizarlas y, una vez finalizadas, deben volver a ajustar los puestos de sus plantillas y despedir a los trabajadores, ya que no se puede mantener una plantilla sin unas funciones fijas que la justifiquen.
“De aquellas lluvias, estos lodos"
Este escenario es en el que se mueven las empresas de nuestro sector (y de muchos otros): La necesidad de conseguir adjudicaciones públicas ajustando la oferta económica y teniendo que reducir costes termina repercutiendo en las características de las contrataciones, en la temporalidad de los empleos y en los salarios de los trabajadores.
Si las empresas pudieran contratar a plantillas fijas de archiveros, bibliotecarios o documentalistas y retenerlos entre sus filas, se profundizaría en la cohesión de equipo y no existirían fugas de talento ni de conocimientos. Cada nuevo proyecto ampliaría el saber y las aptitudes de los profesionales y éstos podrían desempeñar su trabajo con total tranquilidad sabiendo que tienen un futuro laboral asegurado.
Pero por otro lado, la temporalidad también abre posibilidades de acumular un mayor número de experiencias laborales que permitan acceder a mejores puestos o ampliar la versatilidad del trabajador. Incluso la perspectiva del mercado está cambiando. Ya no interesan tanto los perfiles de trabajadores que estén en la misma empresa toda la vida, haciendo las mismas cosas, ya que solo conocerán una única realidad empresarial. En un mundo globalizado con entornos cambiantes, las compañías valoran cada vez más a profesionales con experiencia en diferentes empresas, sectores, e incluso en diferentes países. Los profesionales de hoy en día deben ser auténticos todoterrenos que estén en continua renovación de sus competencias.
