Generalmente el engaño a una empresa o administración pública para obtener lucro debe ser sostenido por material documental que lo ampare. La falsificación de documentos, tan antigua como éstos mismos, ha ido perfeccionándose con el tiempo y, con la llegada de las nuevas tecnologías, se ha vuelto tan refinada que solo puede combatirse de manera efectiva con más tecnología.
En ocasiones el defraudador puede necesitar como respaldo un documento falsificado. En los últimos tiempos uno de los fraudes más comunes en los documentos se produce en la solicitud de créditos al consumo y venta de productos ya que, en principio, solo es necesario una nómina falsa basada en empresas reales para las que nunca se ha trabajado para llegar a defraudar. Estos procesos son, por su propia naturaleza, trámites muy ágiles que deben concluir de manera rápida con la concesión, o no, del crédito solicitado ya que, promover una investigación a fondo sobre la solvencia del solicitante podría promover una paralización del servicio empresarial que se brinda. Por la idiosincrasia y flexibilidad de este modelo de negocio, la planificación eficiente para prevenir el fraude debe ser prioritaria, obligando a utilizar métodos que permitan comprobar de una forma rápida los datos aportados. El problema viene en la invers
ión tecnológica. Cuando las solicitudes van referidas a pequeños importes, a las empresas no les interesa invertir grandes recursos en evaluar la solvencia de sus clientes ni de la documentación que aportan, y es aquí donde prolifera el fraude: en las falsificaciones de la documentación presentada.
En gran medida estos casos de fraude podrían ser detectados con controles básicos en los documentos y comparando los datos del solicitante entre toda la documentación presentada. Los documentos más habituales que se requieren en procesos de concesión rápida de dinero son DNI, nóminas y datos bancarios y, por tanto, éstos son los que más se modifican en los intentos de fraude. Es frecuente encontrar alteraciones en documentos originales que han sido robados y en los que se practican modificaciones parciales, por ejemplo, en los documentos de identidad.
En los documentos que demuestran la solvencia del solicitante como las nóminas se suelen modificar el nombre o la antigüedad. Las libretas bancarias siguen otro “modus operandi”. Las que se presentan para una petición de préstamo suelen ser obtenidas previamente aportando documentación falsa y generalmente tienen poco tiempo de antigüedad. Las declaraciones de IRPF es otro de los documentos más comúnmente falsificados aunque este tipo de documentos suelen ser falsificados completamente desde su inicio.
También la falsedad documental en las tarjetas de crédito incide directamente en operativas similares de transacciones rápidas. Este último año se ha producido un aumento de los casos de fraude si lo comparamos con años anteriores. La alteración de documentos es un delito grave que trae consigo pérdidas estimadas en 1.500 millones de euros al año, según datos de Europol.
Según la encuesta anual 2018 de PWC los fraudes en compras alcanzaron un 29% del total de delitos económicos que sufren las empresas en España, situándose en el cuarto lugar del ranking de los fraudes más corrientes para las empresas.
Con la tecnología actual es posible brindar soluciones especializadas y asequibles que aportan una capa de seguridad extra en este tipo de procesos. Por ejemplo, en el momento de la digitalización de documentos físicos se pueden aplicar filtros tecnológicos para prevenir el fraude. Estos filtros ofrecen de manera sencilla mecanismos de control muy visuales con indicadores de alertas que permiten señalar posibles engaños documentales, entendiéndose la presencia de una sola advertencia como una posibilidad de fraude, al tiempo que la presencia de varios indicadores simultáneos debe considerarse como un riesgo aún mayor de estar frente a un documento fraudulento. También se pueden aplicar estos controles si la documentación aportada es completamente digital.
Actualmente es posible establecer estrategias para la prevención y la lucha contra el fraude en un contexto financiero asumible para las empresas que garantice medidas de control eficaces sin incurrir en gastos que superen las cantidades que se pretenden proteger.
