Las leyes procesales en España fueron concebidas en sus orígenes como una sucesión de trámites en formato papel y con presencialidad física de las partes, alejadas del actual objetivo de digitalización de la justicia.
Fue necesaria una revisión de estos procedimientos para sentar las bases legales de la Transformación Digital de la Justicia.
En la nueva normativa, se crearía un marco legal para dar cabida a la tramitación electrónica de procedimientos judiciales. Para lograr la digitalización del sector judicial, se debieron abordar conceptos como la firma digital o el expediente electrónico. También la gestión de los datos, que debían ser interoperables entre las distintas administraciones.
No todo ha ido según lo esperado. En 2022 todavía existen juicios que se programan a años vista.
La hoja de ruta propuesta dice que para 2023 todas las administraciones de justicia deberán aprovechar estas tecnologías. El objetivo es evitar los papeleos al digitalizar los procedimientos judiciales. No tener que realizar procedimientos físicos como ir a recoger documentos en el juzgado.
Se trata de atajar la lentitud a través del expediente judicial electrónico para conseguir una Justicia con raíz digital que posibilite procesos más ágiles, eficaces y transparentes gracias a infraestructuras digitales interoperables.
Se pretende fijar las bases de lo conseguido en la última década en tecnología para que el expediente electrónico pueda establecerse plenamente dentro de la administración de justicia.
Los Fondos Europeos, que aportarán una financiación de 410 millones de euros a la administración de Justicia, han sido el detonante para lograr llevar a cabo este ambicioso y necesario proceso que quiere (y necesita) ser aprovechado por los órganos judiciales y las administraciones.
Además, no parten de cero. Por ejemplo, la administración electrónica en las comunidades autónomas ha avanzado mucho y existe ya un conocimiento y experiencia previos que pueden aprovechar.
La gestión del expediente electrónico con todas las garantías es uno de los objetivos fundamentales que se persiguen. Evitar la presencialidad en los juzgados ahorraría miles de desplazamientos y, con ellos, los ahorros económicos y la mayor agilidad en los trámites. Pero, para ello, es necesario asegurar la seguridad judicial de los documentos a través de intercambio electrónico de expedientes, firma digital, anonimización de datos o la automatización de tareas.
Puesta en marcha de la transformación digital
Parece que, poco a poco, se van dando avances. El Ministerio de Justicia ha conseguido la tramitación automática de unos cientos de miles expedientes de cancelación de antecedentes penales gracias al uso de la IA. Hay más de 90.000 oficios de órganos judiciales transmitidos a administraciones públicas gracias a la interconexión de sistemas o la interoperabilidad de cientos de miles de expedientes administrativos que se integran en los expedientes judiciales electrónicos.
Ya han sido gestionadas 326.000 citas previas en las sedes judiciales y oficinas del Registro Civil y se han celebrado más de 440.000 juicios telemáticos.
Se han conseguido pasar a texto numerosas grabaciones de vistas y se avanza en la publicidad del Expediente Judicial Electrónico como demuestran las casi 90.000 solicitudes de acceso al mismo.
Otros proyectos, siempre relacionados con la facilidad en los trámites, la no presencialidad y la interoperabilidad siguen su curso. Como la creación de la Carpeta Ciudadana para la Justicia.
Se pretende potenciar la creación de valor entre las administraciones públicas, el sector privado y la ciudadanía.
En este sentido se acaba de inaugurar el I Foro de Transformación Digital que tiene el objetivo de acercar la creación conjunta de valor entre las administraciones, la ciudadanía y el sector privado reforzando la seguridad jurídica digital y potenciando el intercambio de información entre el sector público y privado.
Problemas con Lexnet
Existen dos quejas importantes relacionadas con la Justicia que recoge el Defensor del Pueblo en su Informe Anual 2021:
- Problemas de accesibilidad con LexNET, un sistema de gestión de notificaciones telemáticas desde los juzgados a los profesionales de la justicia.
- Falta de respuesta por parte del Ministerio de Justicia en las consultas realizadas por los usuarios de Justicia.
También se reportan, entre otros, problemas para la validación internacional de documentos con firma electrónica y diversos problemas con la digitalización de procesos como conseguir presentar telemáticamente documentación.
Aunque el principal problema reportado es la dilación de los procedimientos con retrasos de hasta cuatro años para dictar sentencia.
Justicia 2030
Para el año 2030 la Justicia debería estar en total sintonía con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la sostenibilidad y digitalización.
La digitalización posibilita ahorros energéticos, de consumo de materias primas, de tiempo y desplazamientos. Y es que la transición ecológica y la digitalización son dos realidades incuestionables que deben impulsar la sostenibilidad medioambiental y una sociedad más responsable.
